ANTONIO FERNÁNDEZ 21/11/2008
El Pisuerga pasa por Valladolid, pero la superación de la crisis económica en las empresas no pasa por abaratar los salarios y facilitar los despidos. Eso lo deberían saber con claridad aquellas voces empresariales que siguen aferradas a viejos discursos y recetas que hoy no tienen sentido, y que insisten en esa recurrente cantinela de las patronales española y andaluza. Proponer rebajas de salarios y facilidades para los despidos sería como coger los rábanos por las hojas. Saben que la raíz del problema económico no son los costes salariales, sino el crack financiero internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La razón de que el sistema financiero español no se haya visto zarandeado en la misma medida que el estadounidense, el inglés o el alemán estriba precisamente en la existencia de una coherente regulación. Podríamos decir que la crisis del sistema bancario está siendo inversamente proporcional a la coherencia de la regulación de los mercados financieros. Por eso no sorprende que España se haya convertido en un referente. En cambio, la crisis inmobiliaria tiene su origen en los excesos cometidos durante estos años, que han servido para mantener un fuerte ritmo de crecimiento, aunque ahora se paga el precio de haber restado recursos y esfuerzos a otras actividades económicas por parte del capital empresarial.
No es momento de buscar culpables de lo ocurrido, sino de rectificar el rumbo. El norte que nos guíe tiene que ser un sistema más productivo que especulativo. Tiene razón Santiago Herrero [presidente de la CEA] cuando dice que las empresas adolecen de baja productividad y acierta con algunas de sus causas: baja competitividad por escasez de inversión tecnológica e insuficiente cualificación de la mano de obra. Pero yerra cuando propone como solución la flexibilidad de los salarios, ligándolos a la productividad, y la bajada de los impuestos a las empresas.
Bien sabe Herrero que el coste de los salarios nada ha tenido que ver con el inicio de esta crisis y, por lo tanto, ninguna solución a la misma aportaría su abaratamiento. Al contrario, recortar el poder adquisitivo de los trabajadores, con los actuales niveles de inflación, sólo redundaría en contraer el consumo, cuestión que hoy preocupa a las empresas tanto como la falta de fluidez de los créditos bancarios. Además, bajar los salarios desincentivaría la productividad y bien saben los empresarios que la competitividad no sólo está ligada a los costes de mano de la obra, sino también a factores como la formación y la organización. Tampoco una mayor desregulación del despido ayudaría a superar la crisis. Tal vez convenga recordar que el sector de la construcción tiene un mercado laboral caracterizado por una gran flexibilidad laboral y no es precisamente el que mejor capea la crisis.
Al mismo tiempo, parece una flagrante contradicción pedir, como ha hecho la patronal, que se abra un paréntesis en el sistema capitalista para dar paso a una mayor intervención de los Estados en la economía, y al mismo tiempo demandar más liberalismo en el mercado laboral. Propuestas así adolecen de un inadmisible egoísmo y muestran una voluntad de seguir en la senda de las desregulaciones sin ton ni son, cuyas consecuencias se han demostrado catastróficas. Las cláusulas de revisión salarial, incluidas en el 74% de los convenios andaluces, son en situaciones como la actual más necesarias que nunca. Son un freno que, sin embargo, no logra evitar que los salarios andaluces crezcan a un ritmo anual del 3,39%, mientras la inflación ronda el 5%. Eso demuestra que el crecimiento salarial no es la causa de esta crisis.
Lo anterior no significa que los trabajadores se vean libres de realizar esfuerzos para superar la crisis. Tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas, comprometerse a aumentar la productividad y mejorar su formación. Los que en esta etapa pierdan su puesto de trabajo deberán adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, no siempre acordes con las expectativas personales o profesionales. A los empresarios les toca promover empleos de calidad en una nueva etapa que, si se caracterizará por algo, no será precisamente por la desregularización, sino por un reparto equilibrado de los papeles.
En ese reparto, corresponde a las administraciones, como representantes democráticos de la ciudadanía, hacer posible que los empresarios creen riqueza y que los trabajadores sean copartícipes del sistema y reciban parte de los beneficios a través de los salarios, seguridad en el puesto de trabajo y por medio de impuestos de carácter redistributivo. Esa es la esencia del Estado del Bienestar, del que no sólo nos sentimos orgullosos de defender, sino que se ha demostrado más eficaz y sólido que otros modelos, ahora estrepitosamente fracasados.
Antonio Fernández es consejero de Empleo de la Junta de Andalucía.
El Pisuerga pasa por Valladolid, pero la superación de la crisis económica en las empresas no pasa por abaratar los salarios y facilitar los despidos. Eso lo deberían saber con claridad aquellas voces empresariales que siguen aferradas a viejos discursos y recetas que hoy no tienen sentido, y que insisten en esa recurrente cantinela de las patronales española y andaluza. Proponer rebajas de salarios y facilidades para los despidos sería como coger los rábanos por las hojas. Saben que la raíz del problema económico no son los costes salariales, sino el crack financiero internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La razón de que el sistema financiero español no se haya visto zarandeado en la misma medida que el estadounidense, el inglés o el alemán estriba precisamente en la existencia de una coherente regulación. Podríamos decir que la crisis del sistema bancario está siendo inversamente proporcional a la coherencia de la regulación de los mercados financieros. Por eso no sorprende que España se haya convertido en un referente. En cambio, la crisis inmobiliaria tiene su origen en los excesos cometidos durante estos años, que han servido para mantener un fuerte ritmo de crecimiento, aunque ahora se paga el precio de haber restado recursos y esfuerzos a otras actividades económicas por parte del capital empresarial.
No es momento de buscar culpables de lo ocurrido, sino de rectificar el rumbo. El norte que nos guíe tiene que ser un sistema más productivo que especulativo. Tiene razón Santiago Herrero [presidente de la CEA] cuando dice que las empresas adolecen de baja productividad y acierta con algunas de sus causas: baja competitividad por escasez de inversión tecnológica e insuficiente cualificación de la mano de obra. Pero yerra cuando propone como solución la flexibilidad de los salarios, ligándolos a la productividad, y la bajada de los impuestos a las empresas.
Bien sabe Herrero que el coste de los salarios nada ha tenido que ver con el inicio de esta crisis y, por lo tanto, ninguna solución a la misma aportaría su abaratamiento. Al contrario, recortar el poder adquisitivo de los trabajadores, con los actuales niveles de inflación, sólo redundaría en contraer el consumo, cuestión que hoy preocupa a las empresas tanto como la falta de fluidez de los créditos bancarios. Además, bajar los salarios desincentivaría la productividad y bien saben los empresarios que la competitividad no sólo está ligada a los costes de mano de la obra, sino también a factores como la formación y la organización. Tampoco una mayor desregulación del despido ayudaría a superar la crisis. Tal vez convenga recordar que el sector de la construcción tiene un mercado laboral caracterizado por una gran flexibilidad laboral y no es precisamente el que mejor capea la crisis.
Al mismo tiempo, parece una flagrante contradicción pedir, como ha hecho la patronal, que se abra un paréntesis en el sistema capitalista para dar paso a una mayor intervención de los Estados en la economía, y al mismo tiempo demandar más liberalismo en el mercado laboral. Propuestas así adolecen de un inadmisible egoísmo y muestran una voluntad de seguir en la senda de las desregulaciones sin ton ni son, cuyas consecuencias se han demostrado catastróficas. Las cláusulas de revisión salarial, incluidas en el 74% de los convenios andaluces, son en situaciones como la actual más necesarias que nunca. Son un freno que, sin embargo, no logra evitar que los salarios andaluces crezcan a un ritmo anual del 3,39%, mientras la inflación ronda el 5%. Eso demuestra que el crecimiento salarial no es la causa de esta crisis.
Lo anterior no significa que los trabajadores se vean libres de realizar esfuerzos para superar la crisis. Tendrán que adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas, comprometerse a aumentar la productividad y mejorar su formación. Los que en esta etapa pierdan su puesto de trabajo deberán adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral, no siempre acordes con las expectativas personales o profesionales. A los empresarios les toca promover empleos de calidad en una nueva etapa que, si se caracterizará por algo, no será precisamente por la desregularización, sino por un reparto equilibrado de los papeles.
En ese reparto, corresponde a las administraciones, como representantes democráticos de la ciudadanía, hacer posible que los empresarios creen riqueza y que los trabajadores sean copartícipes del sistema y reciban parte de los beneficios a través de los salarios, seguridad en el puesto de trabajo y por medio de impuestos de carácter redistributivo. Esa es la esencia del Estado del Bienestar, del que no sólo nos sentimos orgullosos de defender, sino que se ha demostrado más eficaz y sólido que otros modelos, ahora estrepitosamente fracasados.
Antonio Fernández es consejero de Empleo de la Junta de Andalucía.
Publicada originalmente en la siguiente dirección de internet: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/mercado/laboral/crisis/elpepuespand/20081121elpand_8/Tes
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